La vivienda familiar, uno de los puntos más conflictivos del divorcio
Decidir quién se queda en la casa tras el divorcio es una de las cuestiones que más tensión genera en las parejas. La vivienda no solo es un bien económico; también es el centro de la vida familiar y, a menudo, el lugar donde han crecido los hijos.
La ley y la jurisprudencia han ido estableciendo criterios para adjudicar el uso de la vivienda familiar, siempre procurando que prime el interés de los menores por encima de otras consideraciones.
Qué se entiende por vivienda familiar
No cualquier inmueble de la pareja tiene la consideración de vivienda familiar. En términos generales, es aquella en la que la familia ha vivido de forma habitual y estable antes de la ruptura.
Puede ser propiedad de ambos, de uno solo o estar en alquiler. Lo relevante es su función como residencia principal de la familia.
Relación entre vivienda familiar y custodia de los hijos
Cuando hay hijos menores, el criterio principal de los tribunales es proteger su estabilidad. Por eso, lo más habitual es que el uso de la vivienda familiar se atribuya:
- Al progenitor custodio en los casos de custodia exclusiva.
- A los hijos y, en ocasiones, a ambos progenitores por turnos en modelos de custodia compartida, aunque esta opción es menos frecuente por su complejidad.
La idea es que los menores sufran los menores cambios posibles en su entorno cotidiano al menos durante los primeros años tras la ruptura.
Duración del derecho de uso
El derecho de uso de la vivienda familiar no es necesariamente indefinido. La jurisprudencia ha ido modulando su duración, especialmente cuando:
- Los hijos alcanzan la mayoría de edad e independencia económica.
- El progenitor que tiene atribuido el uso rehace su vida en pareja y la convivencia cambia de naturaleza.
- Se producen cambios sustanciales en la situación económica de las partes.
En estos casos, el otro progenitor puede solicitar una modificación de medidas para revisar la atribución de la vivienda.
Hipoteca y otros gastos de la casa
Una cuestión distinta es quién paga la hipoteca y los gastos de la vivienda (IBI, comunidad, suministros…). El uso de la casa puede corresponder a uno de los cónyuges, pero la propiedad y las obligaciones derivadas de ella seguirán la lógica del régimen económico matrimonial y de lo que se pacte o se decida judicialmente.
Es habitual que:
- La hipoteca se abone por ambos propietarios en proporción a su titularidad, salvo pacto distinto.
- Los gastos ordinarios de suministros los pague quien disfruta de la vivienda.
Vivienda en alquiler
Cuando la vivienda familiar está en alquiler, el juez puede atribuir el uso a uno de los progenitores y los hijos, pero habrá que analizar:
- Quién figura como titular del contrato de arrendamiento.
- Si el arrendador acepta la subrogación en caso de que uno de los cónyuges abandone el inmueble.
- Cómo se reparten la fianza y los gastos asociados.
Venta de la vivienda y reparto del precio
En algunos casos, pasado un tiempo, los cónyuges pueden acordar o solicitar judicialmente la venta de la vivienda y el reparto del precio obtenido, especialmente cuando:
- Los hijos ya son independientes.
- La casa resulta excesivamente costosa de mantener.
- Se quiere cerrar definitivamente el vínculo económico entre los ex cónyuges.
Importancia de un buen asesoramiento
Las decisiones sobre la vivienda familiar tienen un impacto económico enorme y condicionan el día a día de todos los miembros de la familia. Es fundamental:
- Analizar bien las distintas opciones antes de firmar un convenio.
- Calcular el coste real de mantener la vivienda a medio y largo plazo.
- Contar con el consejo de un abogado de familia que explique las implicaciones de cada alternativa.
Conclusión
El uso de la vivienda familiar tras el divorcio no siempre coincide con la titularidad de la casa ni es para siempre. Los jueces buscan un equilibrio entre la protección de los hijos y los derechos de ambos progenitores. Negociar soluciones realistas y revisar las medidas cuando cambian las circunstancias es la mejor forma de evitar conflictos prolongados y situaciones económicamente insostenibles.