Qué es realmente la pensión de alimentos
La pensión de alimentos es la cantidad que, tras una separación o divorcio, uno de los progenitores abona al otro para contribuir al mantenimiento de los hijos. No se trata de un “extra”, sino de la forma de garantizar que, pese a la ruptura de la pareja, ambos progenitores siguen cumpliendo su obligación legal de alimentar, vestir, educar y atender a sus hijos.
La pensión se fija en la sentencia o en el convenio regulador y solo puede modificarse mediante resolución judicial posterior.
Qué gastos incluye la pensión de alimentos
En general, la pensión de alimentos cubre los gastos ordinarios de los hijos, es decir, aquellos:
- Previsibles.
- Periódicos o recurrentes.
- Necesarios para su sustento, habitación, educación y asistencia médica básica.
Entre ellos suelen incluirse: alimentación, ropa, material escolar básico, parte de los suministros de la vivienda donde residen, transporte ordinario al colegio, etc.
Gastos extraordinarios: qué son y cómo se pagan
Junto a los gastos ordinarios, existen los llamados gastos extraordinarios, que son:
- Imprevisibles o, al menos, no periódicos.
- Necesarios para el menor (por ejemplo, gafas, tratamientos médicos no cubiertos, ortodoncia…).
En muchas sentencias se establece que estos gastos se abonen al 50 % por cada progenitor, previa comunicación y, en la medida de lo posible, consenso.
Criterios para fijar la cuantía de la pensión
No existe una cifra única válida para todas las familias. El juez tiene en cuenta principalmente:
- Las necesidades de los hijos según su edad, salud, estudios, etc.
- La capacidad económica de cada progenitor (ingresos, patrimonio, cargas).
- El tiempo de convivencia de los menores con cada uno (custodia exclusiva o compartida).
Para orientar la decisión se utilizan a menudo tablas de pensiones de alimentos elaboradas por instituciones oficiales, pero siempre adaptadas al caso concreto.
Pago de la pensión: forma y actualización
Lo habitual es que la pensión se abone mensualmente mediante transferencia bancaria a la cuenta del progenitor custodio, dejando constancia del pago. Además, la sentencia suele establecer un mecanismo de actualización anual (por ejemplo, conforme al IPC u otro índice).
Es fundamental respetar escrupulosamente estas obligaciones para evitar reclamaciones judiciales y procedimientos de ejecución.
Qué ocurre si no se paga la pensión
El impago continuado de la pensión puede dar lugar a:
- Reclamaciones civiles para exigir las cantidades debidas, con embargo de nómina o cuentas.
- En casos graves y reiterados, incluso a responsabilidad penal por delito de abandono de familia.
Si la situación económica cambia de forma relevante, lo adecuado no es dejar de pagar por decisión propia, sino solicitar una modificación de medidas ante el juzgado.
Cuándo se puede modificar la pensión de alimentos
La pensión puede revisarse cuando se produce una variación sustancial y duradera de las circunstancias tenidas en cuenta al fijarla. Algunos ejemplos:
- Pérdida de empleo o reducción importante de ingresos.
- Aumento relevante de los ingresos del otro progenitor.
- Incremento notable de las necesidades de los hijos (enfermedad, estudios especiales…).
- Cambios en el régimen de custodia o de convivencia.
En estos casos, puede interponerse una demanda de modificación de medidas para adaptar la pensión a la nueva realidad.
Hasta cuándo se paga la pensión de alimentos
La obligación de alimentos no se extingue automáticamente cuando el hijo cumple la mayoría de edad. Continúa mientras:
- El hijo no tenga independencia económica razonable.
- Se encuentre estudiando con aprovechamiento dentro de una trayectoria lógica.
Eso sí, la pensión puede revisarse si el hijo alcanza ingresos propios estables o si se prolonga indefinidamente una situación de inactividad injustificada.
Conclusión
La pensión de alimentos es una herramienta para garantizar que los hijos mantienen un nivel de vida digno tras la ruptura de la pareja. Fijarla con criterios realistas, diferenciar bien los gastos ordinarios de los extraordinarios y acudir al juzgado cuando haya cambios relevantes evita muchos conflictos y protege mejor el interés de los menores.